Minería de vertedero en Portmán
05/03/2013
España declarará yacimiento los residuos tóxicos que hoy colmatan la bahía murciana de Portmán a causa del vertido de fangos mineros durante décadas. Los cinco directivos de las dos empresas mineras responsables de los vertidos, absueltos de un presunto delito ecológico. La administración queda como única responsable de la reparación del daño ecológico.
Hasta 1957 Portmán fue una herradura perfecta, un puerto natural usado desde los romanos. Hasta que ese año comenzaron los vertidos mineros de la empresa francesa Peñarroya, millones de toneladas de fango con metales pesados que durante 34 años colmataron la rada y crearon el gran punto negro en el Mediterráneo. Pedro de la Hoz recuerda cuando el mar llenaba la bahía de Portmán. “Era una preciosidad ver esa bahía limpia como una patena al atardecer”.
De la Hoz fue de alguna forma cómplice. Él trabajó en Peñarroya como ingeniero técnico de minas entre 1968 y 1990, cuando cerró la fábrica. España estaba ya en la Unión Europea y los franceses vendieron por una peseta la firma para quitarse problemas. “Cuando paseo por allí me entra un desconsuelo muy grande. Sé lo mal que lo hemos hecho, pero éramos unos mandaos, unos muertos de hambre que ganábamos un jornal”, reflexiona este hombre de 70 años —gorra, gafas de sol y barba blanca de dos días—. Está en un café en La Unión, el pueblo minero y flamenco a 10 kilómetros de la bahía y al que pertenece Portmán.
El Gobierno ve inviable gastar 80 millones de dinero público y confía en la inversión privada para la regeneración.
Su consuelo es su hijo. Se llama como él, Pedro de la Hoz, y también es ingeniero técnico de minas. Nació en 1972, mientras él llevaba un turno de la fábrica y procuraba sacar todo el plomo y la plata posible de la sierra minera. Como las vetas eran malas, Peñarroya volaba enormes cantidades de tierra y en el lavadero Roberto, en su día el mayor de Europa, la trataba con productos químicos. Solo una mínima parte valía. El resto, un lodo parduzco con reactivos y restos de plomo, zinc, cadmio, se vertía a la bahía a través “del chorro”. Tiraban miles de toneladas al día al mar. Tanto, que el chorro había que moverlo con frecuencia y cada vez quedaba menos de la enorme bahía usada desde los romanos, los que dieron origen a su nombre: Portus Magnus.
El hijo de De la Hoz no puede tener un empleo más distinto. Ha sido contratado allí por la empresa alemana Aria International, intermediaria especializada en “hierro secundario”, el que se obtiene de yacimientos no convencionales. Desde hace meses, Aria, en colaboración con la española Acciona, realiza sondeos para conocer la composición de los vertidos de Peñarroya para darle salida comercial. De la Hoz hijo está sobre la pequeña plataforma fondeada en mitad de la bahía. Quiere aprovechar el buen tiempo que al fin permite avanzar en los sondeos y medio en serio medio en broma les dice a los obreros gallegos que manejan la pontona: “Hoy hay que comer un bocadillo rápido y si acabáis antes hay prima para todos”.
Los 35 millones de toneladas que saturaron la rada y arrasaron el fondo marino han sido un quebradero de cabeza para los Gobiernos en los últimos 23 años. Pero ahora, la demanda china de materias primas cambia el panorama: esos residuos albergan hierro, y el hierro tiene interés comercial.
Arturo Gutiérrez, ingeniero responsable de los trabajos de Aria, explica su proyecto: “Podemos dragar la ensenada sin coste para el contribuyente y mandar el hierro a las acerías de China”. Aria calcula que de los 20 millones de toneladas de residuos accesibles —no se puede sacar todo lo vertido, pues llegó 12 kilómetros mar adentro—, entre cuatro y cinco son de hierro. El precio de la magnetita se ha duplicado desde 2009, y ronda los 120 dólares (87 euros) la tonelada. Aria ha anunciado una inversión de 250 millones en ocho años para extraer todo el material, con lo que recuperaría la línea de costa de 1957. Pretende mandar el hierro a China, usar la arena para regenerar la playa y esconder el resto —que incluye metales pesados tóxicos— en las antiguas minas. Estima que crearía 300 empleos directos.
El alcalde de La Unión, el popular Francisco Bernabé, está encandilado con el proyecto: “Es una paradoja que la minería repare lo que la minería destruyó”. Este tipo grande y carismático llega casi a la hora de comer al Ayuntamiento y allí le aborda una hilera de concejales con cuitas. El consistorio está en un edificio modernista de principios del siglo XX, cuando La Unión era una rica ciudad minera. Explica que en Portmán se extraía el 70% del plomo de la Península y el 20% de la plata, pero el hierro no alcanzaba el 70% de ley que exigían entonces las acerías europeas. “Pero sí supera el 52% que exige la industria China y el 54% de India”, añade con un leve brillo en los ojos.
Antes que Aria fue la empresa española Editec la que se interesó por el yacimiento, pero es la firma alemana la que ha tomado la delantera, según las fuentes consultadas. El pasado 20 de febrero, la Comunidad de Murcia aprobó la propuesta de resolución para declarar “yacimiento de origen no natural” la bahía de Portmán, paso previo para su explotación. El Ministerio de Medio Ambiente ultima el pliego de condiciones del concurso público para que las empresas que quieran puedan optar a extraer el mineral, algo de lo que el departamento no conoce precedentes.
El impulso para dar un uso comercial a los residuos de Portmán es el mismo que ha llevado a reabrir las minas de Riotinto (Huelva) o Aznalcóllar (Sevilla): el apetito chino e indio por las materias primas, que hace rentables explotaciones hasta ahora ruinosas.
Pero al pueblo no llega el rumor del mercado internacional de minerales. Lo que predomina es un escepticismo regado durante los lustros de promesas incumplidas. “Es un paripé para llegar a las próximas elecciones. No me creo ese proyecto, no me creo que el hierro vaya a pagar la regeneración. Además, los vertidos no eran homogéneos a lo largo de la bahía”, opina Luis Martínez, expresidente del comité de empresa de Peñarroya, donde trabajó como mecánico durante 25 años. El alcalde comprende las dudas: “Claro que la gente no se lo cree, porque nos han contado todo tipo de películas durante más de veinte años. Y lo han hecho los de todos los partidos. Pero esta vez sí lo veo porque hay negocio, y depende de la iniciativa privada”.
El problema es que el plan de extraer los minerales arrincona el proyecto que el Gobierno aprobó en 2011 para regenerar parte de la bahía. Consistía en extraer tres millones de toneladas de estériles (siete veces menos de lo que plantean Aria y Acciona) y recuperar parte de la línea de costa, pero sin retroceder hasta la situación de 1957. “Es inviable hacerlo ahora con dinero público”, admite Pablo Saavedra, director general de Costas, que cifra el coste en 80 millones. “No me parece mal que alguien se enriquezca con esto, pero la extracción de mineral tiene que estar supeditada al proyecto público de regeneración”, añade.
Esa es la principal traba, que el plan inicial contemplaba sacar un volumen de vertidos menor, y ampliarlo hasta donde quiere Aria requeriría probablemente más permisos. “Todo indica que habría que realizar otra declaración de impacto ambiental”, según el responsable de Costas del ministerio. Una nueva declaración implica fácilmente dos años de trámites, salvo que la empresa acepte comenzar con el proyecto del ministerio mientras tramita la ampliación.
El plan tiene detractores. Dos profesoras de Químicas de la Universidad de Murcia, María José Martínez y Carmen Pérez, que han estudiado el sitio para el ministerio, se oponen en sus alegaciones al “movimiento enorme y peligroso de residuos”. Los grupos ecologistas y vecinales muestran recelos similares. Su reivindicación histórica es recuperar la línea de costa de 1957, pero dudan de las intenciones de la empresa y del ministerio. Creen que la explotación minera no solo enterraría la regeneración prometida, sino que “condicionaría el futuro de la bahía otra vez a una concesión minera”.
El director de Costas insiste en que las condiciones impedirán eso, y que los avales que exigirán harán imposible que alguien abandone el proyecto a medias si, por ejemplo, cae el precio de las materias primas.
Pedro de la Hoz padre recuerda todos los planes fallidos. Él ingresó en el PSOE local para mover la recuperación, y cuenta que entregó el carné harto de que le tomaran el pelo. “Llegaba el año anunciado de cada regeneración y no se movía un esparto”. Casi cada Gobierno ha tenido su anuncio para Portmán, y sin embargo ahí sigue la placa sobre el antiguo puerto deportivo, rodeado de matas y tierra: “Este es el club más modesto de todo el gran litoral, que espera ese presupuesto para que el mar pueda entrar”.
De la Hoz sí confía en que esta vez va en serio. Esgrime como prueba el dinero que ya ha invertido Aria, que la empresa cifra en 1,1 millones. “Ha habido mucho bla, bla, bla, pero estos señores son los únicos que han llegado con dinero”, apostilla De la Hoz hijo. El cierre de la mina no solo dejó la ensenada aterrada y la amargura en sus habitantes, sino que sumió al pueblo en la ruina. “Tenemos el flamenco (el Festival del Cante de las Minas), pero eso es un caramelo por el que muchos matarían, pero del que no se come. Para nuestra desgracia, el paro en La Unión es del 42% y la regeneración de la bahía nos daría una oportunidad”, resume el alcalde. Los empleos en los campos de golf y en los hoteles de La Manga, al otro lado de la sierra, no compensan el cierre de Peñarroya: la mina fue la vida de La Unión y después su condena. Puede que sus residuos ayuden a su renacer.
El pasado día 28/03/2014, un juzgado de Cartagena (Murcia) ha absuelto a cinco directivos de las dos empresas mineras, Peñarroya España y Portman Golf, acusados de un presunto delito ecológico por la responsabilidad del vertido durante 30 años en la bahía de Portman. La sentencia dice que es la Administración la que amparó los vertidos y que es ella la que debe reparar los daños.
La querella fue promovida por Greenpeace, que reclama que las industrias que consiguieron plusvalías con la minería deben destinar parte de esos beneficios a la restauración de lo que destruyeron.
La sentencia, dictada por el Juzgado de lo Penal número 1 de Cartagena, estima que las empresas Peñarroya España y Portman Golf disfrutaron de concesiones administrativas, lo que incluía la autorización para los vertidos. En sus consideraciones, la juez María Ángeles Montalva dice que en otras épocas, cuando se concedió la autorización en 1957, primaba más el interés económico y laboral que el medioambiental. La sentencia considera que la responsable es la Administración y que ella debe reparar el daño ecológico.
Una portavoz de Greenpeace anunció ayer que recurrirán la sentencia, porque no acepta que se legalice la contaminación. La sentencia, afirman, pone de manifiesto la necesidad de revisar el Código Penal en lo referido al delito ecológico.
