El nuevo plan de inspección ambiental controlará el traslado de residuos

La Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco creará un registro de industrias que no están legalizadas.

Siete años después de implantar su primer plan de inspección ambiental en la industria, el Gobierno prepara un nuevo programa, en el que extenderá la vigilancia más allá de las aproximádamente 300 empresas controladas mediante la Ley IPPC en Euskadi. Una de las novedades es que habrá controles en puntos específicos sobre el traslado de residuos, una actividad que los ecologistas han denunciado históricamente.

Hasta finales de 2003, el Gobierno sólo controlaba, medioambientalmente, la actividad industrial a partir de una denuncia o cuando las empresas solicitaban ayudas o permisos de obras. Ese año inició su primer plan de inspección, que en sus primeros cuatro ejercicios analizó más de 400 empresas e impuso cuatro sanciones, dos de ellas graves. Su vigencia era hasta 2007 pero no ha llegado a renovarse hasta la fecha.

Estos programas constataron graves deficiencias en la actividad empresarial de las fábricas más contaminantes. El último informe conocido, correspondiente a 2007, concluía que solo el 16% de las 162 compañías analizadas cumplía estrictamente la legalidad. Así, un 10% ni siquiera tenía licencia de actividad y un 27% carecía del permiso de apertura. Otro dato llamativo eran los ruidos, que se han convertido en la principal queja de los ciudadanos que viven cerca de fábricas, ya que un 10% no cumplía los límites legales y más sorprendente era que el 46% ni siquiera había efectuado alguna medición – «pueden o no cumplir con los límites impuestos», señalaba el informe- de la contaminación acústica.

El nuevo plan de inspección, que tiene una vigencia para el periodo entre 2011 y 2015, empezará a controlar las medidas correctoras exigidas a las empresas teóricamente más contaminantes: las más de 300 que está afectadas por la normativa IPPC (la ley de prevención y control integrados de la contaminación que proviene de una directiva europea de 1996). Esta vigilancia posterior ha sido otra de las críticas de los conservacionistas vascos, que aplauden la legislación medioambiental autonómica, pero censuran que no se fiscalice lo exigido. Esta crítica es en realidad una petición de cambio de actuación de la Administración, priorizando la vigilancia frente a la prevención por vía normativa o administrativa.

No convendría olvidar tampoco algo en lo  que los grupos conservaciones nunca inciden, y que está expresamente citado en el preámbulo de la Ley IPPC: Al menos el 60% de la contaminación total tiene un origen doméstico. Nuestro propio estilo de vida es el principal factor de contaminación más allá de los incumplimientos de algunas empresas.

La siguiente labor, según el programa de Medio Ambiente, es vigilar el resto de empresas con prioridad para las zonas geográficas con una problemática ambiental y sectores industriales con más quejas sobre su actividad. Los presupuestos de Medio Ambiente en 2011 para la denominada calidad ambiental (desde gestión adecuada de residuos a diversas afecciones a la naturaleza) tienen una partida de 2,5 millones. De ellos, medio millón se dedicarán a la ampliación de los servicios de inspección.

La Viceconsejería de Medio Ambiente aún no ha determinado el número de inspectores. Ahora, la plantilla es de nueve, que se refuerzan con la contratación de equipos externos, que suelen rondar la quincena. Dada la época de crisis, no habrá más empleados adscritos al Gobierno y se ha optado por la externalización de servicios. Los casos más problemáticos seguirán en manos del personal de Medio Ambiente.

Con el refuerzo, se pretende identificar y crear un registro de las industrias sin legalizar y un diagnóstico del cumplimiento de las normativas en zonas geográficas sensibles medioambientalmente. La principal novedad es que habrá controles en puntos específicos donde se realiza el movimiento de residuos.

El nuevo plan de inspección persigue una transparencia en la información. La intención es que todos los años haya un programa de vigilancia aprobado por el Consejo de Gobierno y que sean informados los órganos de participación que existen en Medio Ambiente.

Fuente: Elaboración propia VERSOS